Imaginémonos un país donde la transfusión de sangre estuviera totalmente prohibida. Tan prohibida que, si se sorprendiera a alguien practicándola, el agente de policía estaría legalmente obligado a disparar contra esos sujetos para preservar el imperio de la ley.

Imaginémonos ahora que en ese país un médico decide arriesgarse y, pensando que el deber moral de velar ante todo por la salud de su paciente prima sobre esa estúpida prohibición, decide hacerle una transfusión de sangre a un niño que sólo así se salvaría.
Imaginémonos que, en plena operación de transfusión, dos agentes de policía, amparados por el mandato de la ley, entran en la consulta y, sorprendiendo al médico que en esos momentos está llevando a cabo el prohibidísimo acto, disparan mortalmente contra él.
Cualquier persona extranjera que leyera el caso en la prensa podría gritar indignado “¡qué bárbaros, han cometido un asesinato contra ese médico!”. No se equivocaría el periódico al titular “Asesinan a un médico por intentar salvar a su paciente transfundiéndole sangre, cosa prohibida en su país”. Incluso ciudadanos del propio país, disconformes con la estúpida norma, podrían considerar que se trata a todas luces de un asesinato: “también se pueden cometer asesinatos legales, esto es, respaldados por la ley”, señalarían. Y todos ellos tendrían razón. Es más, yo considero que cualquiera (excepto algún enfermo que creyeran en el “positivismo ético extremo” –es decir, que creyera el deber de todas las personas de obedecer cualquier norma, por horrible que sea, por el mero hecho de ser una norma, incluida la norma de que prohibe trasfundir sangre a un niño moribundo sopena de muerte-) debería gritar “¡qué horrible, ahí se ha producido un asesinato!”.
Pero es posible que llegase unos días más tarde un analista y dijera: “Oigan, oigan…eso no es un asesinato. Para que esa inmoralidad que se ha cometido fuera un ‘asesinato’ debería ser primero un hecho típico, es decir, estar calificado como tal en su Código Penal. Pero en ese país no sólo no es considerado un asesinato, sino que (¡para vergüenza de la humanidad!) es algo perfectamente legal el disparar contra médicos que hacen transfusiones de sangre a sus pacientes, ¡incluso es una obligación legal para los agentes de policía el hacerlo!”.

Creo que esa reflexión del analista debería hacer que nos lleváramos las manos a la cabeza. Yo pensaría (dado que pensar es gratis): “¡Coño! Así que no sólo han cometido una aberración disparando contra ese médico…¡sino que incluso estaban obligados legalmente a hacerlo! Qué vomitivo. Teniendo en consideración eso, además de mostrar repulsa por el asesinato, habría que mostrar repulsa por las leyes que lo convierten en algo perfectamente legal”.
Habría que tener la mente un poco sucia para pensar que el analista, cuando señaló que no se puede hablar formalmente de asesinato, lo que estaría haciendo es “
justificar el asesinato del médico” o “
darles argumentos a los asesinos para legitimar su acción”.
Bien, pues el médico sería Zelaya, los policías que dispararon serían los golpistas y el analista sería
Juan Peña, al que le han caído unas hostias considerables en los comentarios de su blog
por señalar que para vergüenza y escarnio de quienes creen en la democracia, en Honduras está permitido cesar legalmente e inhabilitar a quienes meramente propongan el reformar ciertas cuestiones de su Constitución. Es decir, que le han criticado por ir un poco más allá que el resto y señalar que lo que está sucediendo es
doblemente criminal: primero por ser una aberración objetiva, y segundo por ser además una aberración criminal que (con una lectura enfermiza de la Constitución hondureña) incluso podría tener respaldo legal.