El Rey de España puede ser juzgado y condenado si se demostrara la implicación en el Golpe de Estado que le atribuye, entre otras muchas personas, el Coronel Amadeo Martínez. El artículo 56.3 de la Constitución, que establece su inviolabilidad y su no sujeción a responsabilidad penal, no podría librarle de ser ajusticiado.
La explicación a éste fenómeno reside en que el Estado español ha ratificado el Estatuto Penal Internacional, el cual proclama que los delitos contemplados en el mismo pueden ser enjuiciados sin consideración al cargo oficial de la persona acusada sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un Gobierno o Parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, lo que en ningún caso eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena. Debido a la tendencia universal de amparo a los Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional sería plenamente competente para conocer de éstos delitos.
Existiendo interesantes iniciativas en nuestro país como la plataforma “Juicio a Aznar” o las solicitudes de extradición de integrantes de la SS a España, podría ser conveniente, siguiendo esa línea, la articulación de un movimiento destinado a pedir la investigación oficial de la participación de Juan Carlos I en el fallido intento de Golpe de Estado del 23-F y en cuantos crímenes de relevancia pudiera haber participado.
4 comentarios:
Empezamos con Aznar y el Rey, y detrás va el 90% de la clase política española, empezando por los GALeros del PSOE, los corruptos del PP...
Desconozco hasta qué punto fue real la implicación del Rey en el Golpe de Estado del 23-F, y es más, suelo desconfiar de algunas acusaciones conspiradoras porque, fundadas o no, a veces nos absorben demasiada energía en vano, pero lo que no tiene discusión es la cínica e injusta impunidad que goza el Jefe de Estado en nuestro país, que como bien indicas hace chocar nuestra Constitución con el Estatuto Penal Internacional. Y esto, en sí mismo, sí que debemos denunciarlo y amplificarlo con todas nuestras fuerzas. Basta ya de impunidad borbónica.
Leí el libro de Martínez Inglés y deja pocas dudas de que por lo menos algo sabía.
A Martínez Inglés no se le ocurrió la vía que propones (no he leído el Estatuto Penal Internacional y no sé si la participación en golpe de Estado está incluida), pero propone una vía interesante: una Comisión de Investigación que lo llame a declarar.
No hay ningún artículo que haga pensar que no estaría obligado a acudir como cualquier hijo de vecino. Eso sí, haría falta que PSOE y/o PP más los minoritarios promoviesen la Comisión y no parece probable.
Por cierto, el anterior anónimo era yo, hugo, no sé por qué no he sabido firmarlo.
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